Exploración petrolera: nueva instancia judicial 

La Asamblea Mar Libre de Petroleras y la asociación civil SO.CO.BIO.MA cuestionan los contratos de exploración offshore.

El 2 de octubre habrá una nueva audiencia por la medida cautelar presentada en 2025.
Las organizaciones también reclaman la nulidad de los contratos vigentes con ANCAP.

Una causa que vuelve a los tribunales

La exploración de hidrocarburos en el mar uruguayo tendrá una nueva instancia judicial el próximo viernes 2 de octubre. Ese día se realizará una audiencia en el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Séptimo Turno, con participación de las empresas que mantienen contratos vigentes con ANCAP.

La causa fue iniciada por la Asamblea Mar Libre de Petroleras Uruguay y la asociación civil SO.CO.BIO.MA., que cuestionan la validez de los contratos vinculados a la exploración offshore y solicitan que se suspendan las actividades mientras se resuelve el proceso principal.

La presentación judicial comenzó con una medida cautelar de no innovar, planteada en noviembre de 2025. En mayo de este año, un tribunal de apelaciones habilitó la continuidad del proceso al considerar que la Justicia Civil tiene competencia para controlar estos contratos. En agosto, las organizaciones dieron un nuevo paso al presentar una demanda en la que solicitan su nulidad absoluta.

Juliana Orihuela, integrante de la Asamblea Mar Libre de Petroleras Uruguay, explicó que la estrategia judicial contempla dos instancias: la medida cautelar y el proceso de nulidad de los contratos.

Qué implica la medida cautelar

Orihuela señaló que la medida cautelar de no innovar busca evitar que se produzcan acciones que puedan modificar la situación mientras avanza el juicio. Según explicó, en este caso permitiría eventualmente impedir que las empresas movilicen sus buques o desarrollen nuevas actividades de exploración hasta que exista una resolución sobre el fondo de la demanda.

Actualmente, indicó, no tienen conocimiento de que se esté realizando exploración sísmica en el mar uruguayo. La representante de la Asamblea señaló que las últimas actividades de este tipo de las que tuvieron conocimiento se desarrollaron durante marzo y abril de este año.

La organización considera que este período sin nuevas campañas constituye una oportunidad para que la Justicia se expida sobre la medida solicitada y sobre las condiciones en las que podrían continuar las actividades de exploración.

Los argumentos planteados por las organizaciones

Entre los fundamentos de la demanda, Orihuela mencionó la Ley 19.128, que establece el Santuario de Ballenas y Delfines en aguas jurisdiccionales uruguayas y dispone medidas de protección para estas especies.

También hizo referencia a disposiciones constitucionales vinculadas con la protección de la vida y a normas que garantizan la participación ciudadana en asuntos ambientales. En ese marco, mencionó el Acuerdo de Escazú, que establece derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales.

Uno de los principales cuestionamientos de la Asamblea refiere a la utilización de métodos de exploración sísmica. Según Orihuela, las detonaciones utilizadas para obtener información del subsuelo marino generan niveles de ruido que pueden afectar a la fauna marina. La organización sostiene que estos impactos deben ser considerados antes de habilitar nuevas actividades.

El impacto sobre la pesca y otras actividades

La preocupación planteada por las organizaciones no se limita al impacto ambiental. Orihuela también mencionó antecedentes vinculados con el sector pesquero.

Según señaló, durante una campaña de exploración realizada en 2016, trabajadores de la pesca sostuvieron que su actividad se redujo entre un 40% y un 45%. Indicó además que existe una acción judicial promovida en ese momento por sectores sindicales de la pesca que aún no habría tenido resolución.

Estos antecedentes son utilizados por la Asamblea como parte de sus argumentos para cuestionar los posibles efectos económicos de nuevas campañas de exploración. Orihuela sostuvo que las comunidades costeras también dependen de actividades vinculadas al turismo de naturaleza, como los avistamientos de ballenas.

Una discusión que excede la costa

La integrante de Mar Libre de Petroleras planteó además que los efectos de las actividades realizadas en el océano no necesariamente quedan restringidos a las zonas donde se desarrollan.

En ese sentido, destacó la dimensión de los ecosistemas marinos y su incidencia en procesos ambientales globales. La organización sostiene que la discusión sobre la exploración de hidrocarburos debe considerar tanto la biodiversidad como las actividades económicas que dependen del mar.

Convocatoria frente a los Tribunales

En ese marco, la Asamblea Mar Libre de Petroleras Uruguay convocó a una movilización para el viernes 2 de octubre, antes de la audiencia judicial.

La concentración será a las 14 horas en Plaza Cagancha, frente a los Tribunales, mientras que la audiencia está prevista para las 15 horas. La organización invita a participar con banderas, carteles, disfraces vinculados al mar y junto a familiares.

Orihuela señaló que la convocatoria busca mostrar públicamente el respaldo existente a la posición de las organizaciones. Según indicó, más de 60.000 personas han firmado las planillas promovidas por la Asamblea en oposición al proyecto.

La audiencia será una nueva instancia dentro de un proceso judicial iniciado hace casi un año. Para las organizaciones demandantes, el objetivo inmediato es que se adopten medidas que impidan nuevas actividades mientras se analiza la demanda de nulidad de los contratos.

La resolución judicial determinará los próximos pasos de una controversia que involucra los contratos de exploración de hidrocarburos y los planteos de organizaciones que cuestionan sus posibles efectos sobre el ecosistema marino y las actividades vinculadas al océano.

Texto y material audiovisual: Virginia Waller.