Alerta en la costa de Colonia: Denuncian que fraccionamiento en Punta Artilleros avanza sin ceder la faja pública y peligra el arraigo de pescadores artesanales 

Una compleja situación jurídica, social y ambiental se desarrolla en Punta Artilleros, paraje costero del departamento de Colonia. En las últimas horas, el edil departamental por el Frente Amplio, Carlos Fernández, realizó una transmisión pública desde el territorio para denunciar que un importante desarrollo inmobiliario privado se lleva a cabo incumpliendo leyes nacionales de ordenamiento territorial, lo que restringe el uso común de las playas y amenaza la permanencia de familias locales. [1, 2, 3, 4]

Según afirma el edil Fernández, “estamos en un problema” debido a que este sector de la costa “debería ser público, debería ser para el uso de todos los colonenses, de todos los uruguayos, de aquel que quiera venir a este lugar”. El curul enfatizó que las acciones no son una persecución personal: “no es contra el privado… es contra las leyes que no se aplican y los controles” que los organismos competentes han omitido.

El núcleo de la argumentación jurídica radica en el artículo 503 de la Ley N° 19.355, el cual establece con total claridad que cualquier fraccionamiento de tierra con frente a la costa del Río de la Plata o del Río Uruguay debe ceder obligatoriamente una faja de contención de 150 metros hacia el dominio público, además de garantizar los accesos libres para la población. [1, 2]

Al respecto, la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (Dinot) emitió recientemente un informe técnico que encendió las alarmas en el ámbito político. Según se confirmó en una investigación periodística de la diaria, el plano de mensura del fraccionamiento privado no registra la obligatoria cesión de la faja costera ni de los accesos públicos, a pesar de que la ley nacional ya se encontraba plenamente vigente al momento del trámite. [1]

Ante este escenario, Fernández fustigó la inacción del gobierno departamental: “no cumplen los organismos en controlar, en este caso la Intendencia de Colonia”. De acuerdo con lo relatado por el edil, la comuna coloniense ha evadido fiscalizar bajo el argumento de que el suelo está catalogado como rural y que su fraccionamiento inicial solo compete al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). “Estamos convencidos, y lo hemos hablado con autoridades de la Dinot, que debería pasar por la Intendencia de Colonia (…) para que sea parte del contralor”, remarcó. [1]

La falta de regulación tiene un impacto humano directo sobre una pequeña comunidad dedicada a la pesca artesanal y de subsistencia asentada en la zona denominada “Lo de Carretilla”. Hoy en día, siete personas permanecen en un limbo legal sufriendo un proceso civil de desalojo impulsado por el titular privado del predio. [1, 2, 3]

El edil de la coalición de izquierdas defendió firmemente la dignidad de estos habitantes tradicionales de la ribera: “La primera persona que vino a vivir acá fue hace 60 años (…). Hacen pesca artesanal, pesca para comer, jornalera por así decirlo (…). Quiero decir con esto que no es una villa, no es un asentamiento, no es mugre lo que hay en este lugar”. [1]

El conflicto escaló meses atrás hasta el plano legislativo nacional. Una delegación de vecinos, acompañada por el propio Carlos Fernández, fue recibida por la Comisión de Ambiente del Senado de la República. A partir de ese encuentro, el diputado y senador por Colonia, Nicolás Viera, elevó un pedido de informes formal el pasado 10 de agosto de 2026 dirigido a las carteras nacionales para transparentar el expediente del loteo inmobiliario. Sin embargo, Fernández lamentó que las respuestas formales estén “demoradas o atrancadas en el aire”, mientras los plazos judiciales de expulsión para los pescadores siguen corriendo. [1, 2, 3]

El legislador departamental trazó un paralelismo muy preocupante con otras playas del departamento, trayendo a colación lo sucedido en Puerto Platero: “Un lugar que hace más de dos años lo perdimos; quedó ahí cerrado porque un privado entendió que era su derecho, y el bien general quedó en el olvido. Siguió en la Justicia, da vueltas y la Intendencia no lo resuelve. Y en Punta Artilleros pasa exactamente lo mismo”, concluyó alertando sobre el riesgo latente de perder soberanía pública sobre los recursos naturales costeros de Colonia