La Sociedad de Jubilados y Pensionistas de Juan Lacaze (SOJUPEN) emitió un enérgico comunicado exigiendo el fortalecimiento de los controles estatales tras la clausura de un hogar clandestino en el barrio La Unión, donde más de 20 adultos mayores sufrían hacinamiento, encierro y condiciones inhumanas.

BARRACA RODO

La clausura de un establecimiento clandestino de larga estadía en Montevideo, que derivó en la imputación de su dueña y de la encargada, generó una profunda repercusión en el departamento de Colonia. La Sociedad de Jubilados y Pensionistas de Juan Lacaze (SOJUPEN) alzó su voz para repudiar los hechos, enfatizando que “ninguna persona mayor debe ser sometida al abandono, la violencia, el hacinamiento ni a la vulneración de sus derechos humanos”, y exigiendo un endurecimiento inmediato de las fiscalizaciones estatales.

El horror oculto bajo una fachada

El operativo policial, coordinado tras reiterados gritos de auxilio escuchados por vecinos, constató una compleja maniobra de estafa. El residencial, ubicado en las calles Mateo Cabral y Comercio, cobraba una mensualidad estimada en $30.000 pesos uruguayos. Para engañar a las familias, las responsables recibían a las visitas en una casa delantera en óptimas condiciones; sin embargo, una vez retirados los familiares, los ancianos eran trasladados a un sector trasero insalubre, frío, sin ventilación y con fuerte olor a orina.

Al ingresar al predio por la azotea de una vivienda lindera, los efectivos policiales rescataron a más de 20 adultos mayores que clamaban por agua y denunciaban caídas sin asistencia médica. Debido al avanzado estado de deterioro físico, cuatro de los residentes debieron ser trasladados de urgencia a centros asistenciales.

Imputaciones y respuesta estatal

La Fiscalía imputó formalmente a las dos responsables del centro por reiterados delitos de privación de libertad, estafa, omisión de asistencia a personas incapaces y omisión de asistencia general. Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) activó un protocolo de emergencia para proveer alimentación, higiene y coordinar el realojo de las víctimas o su devolución a los núcleos familiares.

Reacción y exigencias desde el departamento de Colonia

Frente a esta situación, SOJUPEN Juan Lacaze emitió una declaración pública en la que reafirma su compromiso con la defensa de la dignidad y el trato adecuado para la vejez. En su proclama, la organización civil exigió que se investiguen a fondo las responsabilidades del caso, se brinde amparo inmediato a los damnificados y se optimicen los mecanismos de control públicos para impedir que este tipo de delitos continúen ocurriendo en la clandestinidad.

Declaración de SOJUPEN Juan Lacaze

Ante los graves hechos reientes de abuso, maltrato y condiciones inhumanas constatados en un residencial clandestino para personas mayores, SOJUPEN Juan Lacaze expresa su más enérgico repudio y profunda preocupación.

Ninguna persona mayor debe ser sometida al abandono, la violencia, el hacinamiento ni a la vulneración de sus derechos humanos. Estos hechos no pueden ser tolerados ni naturalizados por la sociedad.

Exigimos que se investiguen y sancionen todas las responsabilidades, que se proteja de forma inmediata a las personas afectadas y que se fortalezcan los mecanismos de control para impedir que situaciones como esta vuelvan a repetirse.

Como organización de jubilados y pensionistas, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la dignidad, el buen trato, el derecho a vivir en condiciones adecuadas y el respeto irrestricto de los derechos de todas las personas mayores

Sociedad de Jubilados y Pensionistas de Juan Lacaze

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