La iniciativa interinstitucional busca reducir la reincidencia carcelaria mediante un esquema de acompañamiento social, laboral y económico de 24 meses para personas próximas a recuperar su libertad.







































El gobierno uruguayo comenzó la implementación operativa del programa piloto interinstitucional “Libertad Segura”, una iniciativa de 24 meses coordinada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (DINALI). El plan busca romper el círculo vicioso de la pobreza y el delito mediante un acompañamiento técnico, social y laboral continuo para personas próximas a egresar del sistema penitenciario.
El lanzamiento y alcance del proyecto generó repercusiones políticas. En el departamento de Colonia en declaraciones a Ro Contenidos, el senador del Frente Amplio, Nicolás Viera, calificó la situación actual de las cárceles uruguayas como un hacinamiento “terrible” y recordó que el país arrastra informes internacionales muy negativos en la materia desde hace varios períodos de gobierno. Ante esta realidad, Viera enfatizó que, si bien la propuesta piloto no resolverá de forma definitiva la vida de los liberados, constituye una oportunidad necesaria: “Se podrá estar de acuerdo o no, pero algo tenemos que hacer”.
Fases del programa y beneficios inmediatos
La experiencia piloto cuenta con un cupo limitado de 350 personas (300 varones y 50 mujeres), seleccionadas de forma aleatoria en las Unidades N° 4 (Santiago Vázquez) y N° 5 (Cárcel de Mujeres). Debido a su diseño controlado, no existe una vía de inscripción voluntaria. El programa se estructura de la siguiente manera:
Fase 1 (Intramuro): Se inicia entre seis y ocho meses antes de que el recluso cumpla su pena. Incluye el diseño de un plan de egreso personalizado, la actualización de la cédula de identidad y capacitaciones laborales de INEFOP.
Fase 2 (Empleo Público Protegido): Al recuperar la libertad, los participantes acceden a un puesto laboral protegido en el sector público durante 12 meses, acompañado de atención en salud y apoyo psicosocial.
Fase 3 (Empleo Privado): Consiste en la inserción laboral en el sector privado a través de un esquema de subsidios económicos e intermediación durante seis meses.
Para mitigar la vulnerabilidad del egreso inmediato, los beneficiarios reciben una Tarjeta Uruguay Social (TUS) con un monto de $5.000 mensuales durante tres meses, apoyo habitacional transitorio en caso de carecer de vivienda, vestimenta, un teléfono celular con precarga y 50 boletos de transporte público al mes.
“Unos 30 presos dejan por día las cárceles de Uruguay y la gran mayoría no tiene familia de referencia, un hogar constituido ni herramientas para reinsertarse. Terminan en la calle, con problemas de salud mental o adicciones. Lo que aquí se busca es disminuir los problemas futuros de la sociedad atendiendo a la población potencialmente ubicable en un nuevo rol social”. — Senador Nicolás Viera.
El debate sobre la protección social
El senador por Colonia profundizó en que este abordaje técnico se alinea históricamente con las banderas de protección social del Estado batllista, donde se concebía a las instituciones públicas como un “escudo de los pobres”. Viera remarcó que, a la par de los reclusos que buscan reformar su vida y tomar las oportunidades que el Estado brinda, existe otro sector de la población carcelaria que delinque inmediatamente al salir, el cual requerirá un abordaje y un tratamiento completamente diferenciado por parte de las autoridades de seguridad.



















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