Se realizó en Juan Lacaze la primera marcha en reclamo de seguridad con aceptable afluencia de público, mientras se incorporan más vecinos al Grupo Puerto Sauce Unido

Como “aceptable por ser la primera de muchas movilizaciones que tenemos previsto realizar si las autoridades no dan respuesta rápida a la grave situación de inseguridad que se vive en Juan Lacaze, pero de ninguna manera conformes porque apuntamos a movilizar a mucha más gente con cada marcha” fue como el “Grupo Puerto Sauce Unido” (GPSU) calificó la movilización realizada el pasado jueves 7 en esa ciudad.

El GPSU es una formación social integrada recientemente por vecinos de la localidad que tomó sobre sus hombros la difícil tarea de movilizar a la ciudadanía y de sensibilizar a las autoridades jurídicas, policiales y legislativas preocupados por el problema de inseguridad en la localidad a raíz de una serie de delitos que se ha registrado en los últimos meses. La agrupación se integró originalmente por una quincena de personas de distintos estratos sociales, credos religiosos, sectores políticos y formaciones culturales, pero en las últimas horas ya se han acercado nuevos vecinos a ofrecerse voluntariamente para integrarla, por lo que se espera que en los próximos días el número de integrantes sobrepase la veintena.

La movilización partió del Destacamento de Bomberos para desde allí marchar por la Avda. Artigas, José Salvo, José Campomar y José Enrique Rodó, para concentrarse frente al Juzgado de Paz, donde se dio lectura a una proclama ante aproximadamente 200 personas.

Ésta, entre otras cosas, solicitó la implementación del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) en el departamento de Colonia (actualmente sólo se aplica en ciertos puntos críticos de Montevideo y Canelones), que apunta a dar respuesta al incremento de los delitos violentos a través de un cuerpo policial de élite especialmente entrenado en patrullaje, prevención y disuasión del delito, y que además tiene un entrenamiento físico y táctico especial para su desempeño en puntos críticos y zonas rojas.

Con ese fin y otras propuestas explicadas en la proclama leída, en este momento se están recabando firmas de los vecinos de Juan Lacaze en planillas distribuidas en los principales comercios de la ciudad (en pocas horas ya se llevan recolectadas más de 1.000 firmas), exhortándose a la gente a adherirse al reclamo que será presentado al Ministerio del Interior en los próximos días.

Finalizada la proclama se apersonaron al grupo organizador los diputados Nibia Reisch (Partido Colorado) y Edmundo Roselli (Partido Nacional) a efectos de ponerse a las órdenes para cualquier gestión antes las autoridades y manifestando su total apoyo a la causa, de la misma forma que los concejales Ruben Fuentes y Juan Carlos Bonjour. También se hizo presente el alcalde Darío Brugman.

Cabe señalar que hasta que el GPSU reclamó la implementación al PADO, ninguna de las autoridades locales, departamentales ni nacionales había hecho siquiera mención a la posibilidad de instalar el mismo en nuestro departamento.

 

Por más seguridad en Juan Lacaze

 

La proclama, leída por Carolina Urrutia, Iván Altolaguirre y Gabriel Gabbiani, decía textualmente lo siguiente:

 

“Vecinos:

 

Gracias por estar.

 

Antes de exponer los motivos de esta convocatoria es de orden reconocer y agradecer a los numerosos comercios, medios de prensa e instituciones que, apoyando una visión que comparte la amplia mayoría de la población, colaboraron para lograr concretar esta actividad.


El “Grupo Puerto Sauce Unido” (GPSU), conformado días pasados, surge para promover acciones en diversos ámbitos ligados al quehacer cotidiano de la ciudad de Juan Lacaze.

 

No obstante, la dura realidad hace que hoy nos dediquemos al grave problema de la inseguridad que vive nuestra ciudad y los posibles caminos para retomar la convivencia en paz que era una característica histórica de nuestro querido pueblo.

 

Nos hubiera gustado que esta convocatoria hubiera tenido otros motivos que no fueran de tanta preocupación, pero lamentablemente, debido al incremento del delito, el cambio en la modalidad del mismo y a la ocasional liviandad del Poder Judicial con quienes delinquen nos encontramos frente a una situación crítica e insostenible.

 

Por esa razón, como vecinos, decidimos congregarnos para ponerle un freno a la situación. Optamos por despegarnos de quienes nada hacen y sólo critican a los que, en el acierto o en el error, se preocupan no sólo por reconocer el problema sino también por plantear soluciones; despegarnos también de los que sólo protestan de manera estéril desde las redes sociales o en el almacén de la esquina pero sin comprometerse y movilizarse.

Decidimos actuar y activarnos.

No queremos una ciudad teñida por la violencia urbana.

Que se vea que Juan Lacaze dijo ¡BASTA!

La situación nos hartó.

Esto va en serio.

 

En una asamblea abierta convocada días pasados, el Grupo realizó una serie de propuestas concretas para presentar ante las autoridades a fin de que éstas atiendan la situación mencionada.

 

La primera iniciativa será presentar ante el Ministerio del Interior un petitorio, para respaldar el cual solicitamos a todos los presentes que firmen las planillas que en este momento están circulando entre ustedes.

 

Dicho petitorio consta de los siguientes puntos:

 

  1. Solicitar al Ministerio del Interior la implementación del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) en el departamento de Colonia. Este sistema apunta a dar respuesta al incremento de los delitos violentos. Actualmente cuenta con 1.000 efectivos del Grupo de Reserva Táctica y de la Guardia Republicana, cuyo primer objetivo es la prevención y disuasión del delito, que recorren los distintos circuitos en móviles, motos o a pie. Pero hasta ahora se aplica sólo en ciertos puntos críticos de Montevideo y Canelones.
  2. Solicitar el aumento del número de efectivos policiales en las Seccionales lacacinas y la ampliación de los patrullajes barriales, como así también el apoyo necesario de recursos para su correcto desempeño;
  3. Retornar al régimen de internado en la Escuela de Policía de La Paz (C.P.), ya que la desaparición de dicho sistema ha provocado una clara disminución de aspirantes;
  4. Reclamar al Ministerio del Interior la colocación, por su cuenta y costo, de cámaras de videovigilancias en la vía pública, en especial en torno a los centros educativos, la rambla, el centro comercial y diversos puntos de contexto crítico claramente identificados.

 

La segunda iniciativa será invitar a los diputados por el departamento a una reunión a efectos de que informen de qué manera se han involucrado con el tema “Seguridad” y su actividad parlamentaria -en particular la presentación de nuevos proyectos de ley y de modificaciones a viejas leyes- respecto a esa problemática, como así también el destino actual de los proyectos presentados. Lo actuado por los legisladores será trasladado a la opinión pública.

 

La tercera iniciativa será entrevistarnos con autoridades del Poder Judicial a efectos de interiorizarnos del funcionamiento de la Fiscalía de Rosario, ya que al entender de la amplísima mayoría de la población, la misma está siendo demasiado permisiva y benevolente en la aplicación de las penas a quienes delinquen.

 

Sabemos que hay muchas más cosas por hacer, pero esto es un principio.

Y no va a ser un final.

Seguiremos insistiendo en una solución tantas veces como sea necesario y ante quien lo amerite.

Mientras tengamos que encerrar a nuestros niños sin permitirles jugar en la plaza o disfrutar de los juegos públicos, mientras la droga, la violencia, el abuso y la intolerancia prosperen en nuestras calles porque el sistema judicial sigue recortando potestades a los policías y otorgándole derechos a los infractores, seguiremos insistiendo en encontrar un camino que garantice la paz y la tranquilidad.

 

Al instituto policial le reclamamos atender nuestras inquietudes, que son las de todo Juan Lacaze y de todo el departamento de Colonia, y le exigimos contar con agentes policiales probos, íntegros, decentes, honestos, cabales, virtuosos. Contar con agentes que honren el uniforme y que defiendan a la población honrada, honesta y trabajadora, y que tomen distancia de quienes han hecho del delito su forma de vida.

 

No pretendemos inculcar miedo a los ciudadanos. Por el contrario, queremos enfrentar el miedo que nos quieren imponer quienes delinquen.

No sólo es delito asesinar, robar, rapiñar, violar o abusar. También es delito ver cómo se pierden nuestros valores sin hacer nada al respecto.

 

Es obligación del Estado estar atento y establecer los planes de abordaje adecuados que incluyan esfuerzos específicos de prevención integral, sí, pero es también su tarea desplegar estrategias que enfrenten una situación ya desatada por individuos que han hecho de la violencia su forma de vida.

En Juan Lacaze hay una treintena de menores involucrados en hechos delictivos y una decena de mayores, ampliamente conocidos, que delinquen y van a “pasear” cada tanto algunas semanas a Piedra de los Indios para salir y volver a las andadas. Sin embargo, 14.000 lacacinos somos rehenes de ellos.

Eso nos preocupa, y mucho.

Pero más nos preocupa la presencia de elementos desconocidos que han llegado a Juan Lacaze provenientes de la zona metropolitana, de donde son corridos por los patrullajes y los sistemas de cámaras de videovigilancia. Perseguidos de esos lugares, eligen como escenarios de sus nuevos delitos los departamentos del interior, y así en los últimos meses han asolado a las localidades de Colonia.

Ello trae aparejado que, desconfiando de la Policía y de la Justicia, cada vez más vecinos se están armando, y no son pocos los que aseguran que llegado el caso no dudarán en actuar por mano propia para defender sus familias y su propiedad. No es necesario imaginar las consecuencias: más armas de fuego en las calles y la posibilidad de que personas de bien, honradas, por un desorden momentáneo, terminen en prisión por muchos años, mientras los delincuentes están afuera felices y contentos.

No queremos eso para ningún lacacino de bien. No queremos justicia por mano propia. Las respuestas las deben dar las autoridades.

Pretendemos que, en especial las autoridades judiciales, sean mucho más enérgicas con aquellos que, provenientes de otros lados y no teniendo modo de justificación de vida ni ingresos, ni razones para afincarse en Juan Lacaze, sean obligados a irse de la ciudad.

 

Pero a pesar de todas estas evidencias, la seguridad ciudadana no se instala en la agenda gubernamental. ¿Es acaso imposible combatir este flagelo? ¿Las autoridades han bajado los brazos?

La inseguridad es hoy la principal preocupación de los uruguayos, aún por delante de la desocupación y la pérdida de fuentes laborales, y aun así la respuesta de las autoridades a casi todos los niveles y con pocas excepciones, ha sido en primer lugar la negación de esta realidad y en segundo lugar la presentación de respuestas de impacto más mediático que efectivo.

 

La represión es importante, pero la esencia de los cambios en materia de seguridad descansa principalmente en la construcción de políticas de Estado en materia de prevención del delito y la violencia porque ello es atender las causas generadoras.

No obstante, sostener que la seguridad es un problema de todos implica también la participación ciudadana con movilizaciones como estas, con los vecinos como gestores de las políticas de seguridad.

El compromiso y la responsabilidad son del Estado, pero los ciudadanos son piezas claves.

 

Es tarea de nosotros, la sociedad, devolverle  a la familia y a la escuela la importancia que siempre tuvieron. Es necesario nuestro trabajo en talleres sobre alcoholismo, drogadicción, prevención del SIDA y embarazos precoces, prevención y canalización del enojo y la violencia, y el uso responsable de Internet.

Pero es tarea primordial de las autoridades impedir el consumo de alcohol y drogas, el fácil acceso a las armas de fuego, la exclusión social, la desocupación, la deserción escolar,  la cultura de la violencia en general y de la intrafamiliar en particular y la falta de sentido del valor de la vida.

Pedimos a las autoridades y a quienes imparten las normas jurídicas, más potestad, más seguridad y más protección.

Queremos volver a tener una ciudad pacífica, tranquila, segura.

No queremos que 40 o 50 energúmenos sometan a una localidad que siempre fue serena y apacible.

Tenemos muchísimas cosas pos las cuales Juan Lacaze puede ser conocida, pero no queremos que la proliferación de los delincuentes sea una de ellas.

Las autoridades deben actuar.

Esperamos que lo hagan.

Y si no asumen su responsabilidad, vamos a estar permanentemente recordándoles la obligación de hacerlo.

Muchas gracias”.

Fuente: Prensa GPU

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